Vehiculo iurisconsumUn cliente acudió a nuestro despacho quejándose de que había comprado un vehículo de segunda mano por internet a una empresa, y que este vehículo había salido defectuoso y tenía más kilómetros que los que figuraban en la publicidad, tal como quedaba probado en un informe pericial.

Este despacho interpuso demanda ejercitando la acción de resolución del contrato de compraventa concertado con la entidad demandada, dada la falta de conformidad del vehículo objeto del contrato (al no corresponder el kilometraje con el que se había anunciado por internet, y al consumir una gran cantidad de aceite). Por su parte, la empresa demandada negó la existencia de los defectos del vehículo, y además alegó que la venta se había realizado sin garantía alguna.

El juez nos dio la razón

El Juez consideró que la prueba practicada, y en particular el dictamen pericial  aportado, junto con las aclaraciones del perito en la vista, acreditaron de manera concluyente los defectos del vehículo (que el kilometraje del vehículo había sido manipulado, y que el consumo de aceite era exagerado).

Respecto a la alegación realizada por la parte demandada de que la venta del vehículo se había estipulado sin garantía alguna, el juez consideró que tal estipulación debía declararse nula por abusiva ya que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y usuarios establece un plazo mínimo de garantía para la venta de vehículos de segunda mano, que no puede ser inferior a un año desde la entrega.

En cuanto a los efectos de la acreditada falta de conformidad del vehículo, el juez, con apoyo en el artículo 121 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y usuarios, consideró que debía declararse la resolución del contrato de compraventa del vehículo, y en consecuencia la empresa debía de devolver al cliente el precio de la compraventa (5.000 euros) y el cliente debía de devolver a la empresa el vehículo.

El artículo 121 citado dispone que el consumidor puede elegir entre la rebaja del precio o la resolución del contrato, cuando no puede exigir la reparación o la sustitución del producto, y en los casos en que éstas no se hubieran llevado en plazo razonable.

Dado que la empresa no procedió a ofrecer la reparación del vehículo en un plazo razonable (había pasado más de un año sin que la empresa diera señales de vida) el consumidor podía elegir entre la rebaja del precio o la resolución del contrato.

Esta última, la resolución del contrato, fue la opción que recogió el fallo de la sentencia, condenando también en costas a la empresa demandada.