JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 DE PAMPLONA

S E N T E N C I A Nº 167/2014 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014

 

ANTECEDENTES

El actor y su esposa suscribieron con Caja Rural en 2007 un préstamo de garantía hipotecaria. Para protegerse de las fluctuaciones del tipo de interés aplicable a este préstamo, los actores suscribieron en 2008 la solicitud de contrato de permuta de tipos de interés y la Confirmación de la anterior operación financiera.

La parte demandante solicita la nulidad radical del swap por desproporción y ausencia de equilibrio entre las prestaciones. Además de por incumplimiento por parte de Caja Rural de cláusulas imperativas o prohibitivas a incumplir la normativa del Mercado de Valores y de Defensa de los Consumidores y Usuarios, falta de transparencia de la información suministrada, error en el consentimiento en el actor y actuación doloso y/o negligente de Caja Rural en la comercialización del producto swap.

Caja Rural se opuso a estas pretensiones.

 

CONTENIDO DE LA SENTENCIA

            Dice el Juez que si el contrato de permuta financiera objeto del litigio estuviera ligado al préstamo, en teoría, cuando el Euribor sube, la cantidad que paga el prestatario se vería compensada por las liquidaciones positivas a favor del cliente como consecuencia del contrato de permuta financiera, y cuando el Euribor baja, las liquidaciones negativas que debe abonar al banco se verían compensadas por la reducción de las cuotas de los préstamos hipotecarios.

Sin embargo, en la realidad, cuando las liquidaciones son negativas, las cantidades a abonar al banco han sido tan elevadas que exceden notoriamente de la cantidad en que se ve reducida la cuota del préstamo por la rebaja del tipo de interés aplicable.

Además, el importe nominal pactado del swap actúa de manera absolutamente independiente del contrato de préstamo que ligaba a las partes, pues mientras aquel siempre permanece inmutable, el principal del préstamo se va reduciendo poco a poco. A mayor abundamiento, ni siquiera coincide una cantidad y la otra.

No se puede considerar que durante la vigencia del contrato objeto de litigio, el contrato de préstamo a interés variable funcione como un préstamo a interés fijo. Tampoco es cierto que firmando el contrato de permuta financiera, el gravamen que para el demandante supone el préstamo, se haya mantenido más o menos uniforme, con independencia de las subidas o bajadas experimentadas por el euribor. Eso era lo que pretendía el demandante, pero no lo que le ha deparado la suscripción del contrato objeto de litigio.

Todo lo contrario, al ligar su contrato de préstamo hipotecario a este contrato de permuta financiera, sus costes financieros se han visto notoriamente incrementados. Por ese motivo, porque el contrato de permuta financiera de tipos de interés no cumple la función de cobertura de las fluctuaciones del tipo variable del contrato de préstamo, es por lo que aquel contrato debe ser considerado como un producto de inversión o especulativo.

 

Por ello, expone el Juez, la actuación de Caja Rural debe estar sujeta a las obligaciones impuestas por la Ley del Mercado de Valores a las entidades de inversión.

 

Por otro lado, establece el artículo 1.261 del Código Civil que para que haya contrato se precisa la concurrencia de un consentimiento de los contratantes, un objeto cierto que sea materia de contrato y una causa de la obligación que se establezca. A su vez 1.265 del mismo texto legal señala que será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo y el artículo 1.300 del Código Civil establece que los contratos en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1.261, antes citado, pueden ser anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidad con arreglo a la ley.

 

En este caso,  el empleado de la demandada que vendió tal producto al actor, no cumplió con el deber informativo a que estaba obligado con arreglo al principio de buena fe contractual y a la normativa imperativa. Además, el demandante suscribió el referido contrato, con una idea muy equivocada sobre lo que realmente estaba pactando.

Así mismo, no hay constancia de que a la hora de vender al actor el producto, se le proporcionaran las explicaciones necesarias sobre el riesgo derivado de la contratación, aludiendo a los supuestos más gravosos para ellos, si dicho riesgo se materializaba.

 

Continúa diciendo la sentencia que al no proporcionar esta información al cliente, Caja Rural abusó de la confianza e inexperiencia de éste en productos derivados y permitió que suscribiera el contrato, engañado por dicha confianza.

 

La entidad demandada incumplió las obligaciones de recabar de su cliente la información que se le exigía, necesaria para conocer la experiencia inversora del cliente y los objetivos de su inversión. Pero no sólo incumplió esas obligaciones, sino que actuó de manera contraria a la buena fe contractual, al abusar de la confianza e ignorancia de su cliente, para inducirle a suscribir un contrato que en absoluto se ajustaba a las necesidades y deseos de dicho cliente.

 

Caja Rural, en cumplimiento de la normativa y del principio de buena fe contractual, debió actuar con la diligencia debida y tratar a dichos clientes con una mayor transparencia y cuidado, velando por los intereses de estos clientes y no sólo por los de la Caja. Debió extremar la información a aportar a los clientes sobre el contrato objeto de litigio, extenderse en las explicaciones del clausulado, detallar la entidad de los riesgos a asumir, planteando mediante los correspondientes ejemplos o cálculos, los diversos escenarios en que se podrían materializar dichos riesgos.

 

Sin embargo, el demandante solo obtuvo una visión sesgada e incompleta sobre los perjuicios que le podría causar el referido contrato. Se les ofreció igualmente un producto que no tenía nada que ver con la cobertura o

aseguramiento que supuestamente le iba a proporcionar la firma de la permuta financiera. En la venta del producto objeto de litigio, se abusó claramente de la confianza e ignorancia del demandante sobre ese producto. La información que se le proporcionó estaba sólo dirigida a inducirle a contratar el contrato objeto de litigio, incumpliendo así la obligación de informar, que constituye un requisito previo de inexcusable cumplimiento cuando se va a contratar un producto financiero complejo, como es el contrato objeto de litigio.

 

En este caso nos encontramos con un error, error que, debe recaer sobre el objeto del contrato, en este caso afecta a los concretos riesgos asociados con la contratación del swap.

El cliente minorista estaba necesitado de información sobre el producto y la entidad financiera estaba obligada a suministrársela de forma comprensible y adecuada, el conocimiento equivocado sobre los concretos riesgos asociados al producto financiero complejo contratado en que consiste el error, le es excusable al cliente.

Por todo ello concluye la sentencia que nos encontramos ante un error propio invalidante del contrato.

Es por ello que se acuerda  la nulidad del contrato objeto de litigio por el error esencial y excusable sobre las condiciones en la contratación, padecido por los actores, tal y como prescribe el artículo 1.300 del Código Civil, en relación con los artículos 1.261, 1.265, 1.266 y concordantes del mismo texto legal.

 

En consecuencia, se estima la Demanda, y se declara la nulidad radical tanto de la solicitud del contrato de cobertura de tipos de interés, como de la Confirmación de la Operación, suscritas por los litigantes, todo ello con las recíprocas restituciones de las aportaciones. Así como los intereses legales correspondientes, desde la recepción de las mismas por el Banco hasta su devolución.