Aportaciones eroskiLa entidad convenció al consumidor el mismo día que se hizo cliente al abrir una libreta de ahorro

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Estella-Lizarra ha ordenado a la Caja Laboral Popular a devolver 17.600 euros invertidos por un matrimonio, representado por Iurisconsum, en aportaciones financieras subordinadas Eroski.

Fue al banco a abrir una libreta de ahorro

El marido, electricista, había decidido cambiar de banco y acudió a una oficina de la entidad mencionada anteriormente para abrir una libreta de ahorro. En ese momento, le hablaron de las aportaciones Eroski, que daban una rentabilidad del euríbor más 3 % y acabó suscribiendo 416 aportaciones por 10.400 euros. Se lo dijo a su esposa al llegar a casa, “contento por la rentabilidad que iba a darle el producto y la facilidad de disposición que la entidad financiera le había garantizado”.

Tres años después, suscribieron 288 participaciones más por 7.200 euros, con una rentabilidad del euríbor más 2,5 %.

Sin formación en productos financieros

Entiende la jueza evidente que los consumidores carecen de formación en productos financieros. Asimismo, vio demostrado que no recibieron una información precontractual que le hubiera permitido comprender la naturaleza del producto.

Señala la sentencia que el propio perfil del cliente desaconseja tal producto de manera que en caso de haberse ofrecido, la entidad debía haber advertido al cliente de “su complejidad y de la necesidad de asesoramiento para formalizarlo”.

En este sentido, el consumidor pudo pensar, en todo momento, que suscribía un producto sencillo de renta fija pues en la orden de suscripción no se destaca ninguna particularidad más allá de su rentabilidad, “único aspecto del que seguramente se informó al cliente para hacerle atractiva la operación”.

La redacción compleja puede confundir

Considera la jueza “patente” que ni la esposa ni el marido tenían conocimiento financieros y, por tanto, no se encontraban en condiciones de poder concertar ese producto bancario por lo que Caja Laboral Popular “debió haber desaconsejado ciertamente la contratación”.

Añade la sentencia que la terminología empleada en el contrato no es lo suficientemente sencilla y puede perfectamente inducir a confusión a personas no experimentadas en esta materia, además de que no se hicieron simulaciones y las explicaciones verbales fueron nulas.

Por todo ello, la sentencia declara nulo por vicio de consentimiento los contratos de suscripción de obligaciones subordinadas Eroski y obliga al banco a restituir los 17.600 euros invertidos en ellas.

El cliente llegó a casa “contento por la rentabilidad y la facilidad de disposición” que el banco le había garantizado

 

Aquí podéis leer la sentencia completa o la podéis descargar aquí en pdf.

 


SENTENCIA nº 135/2017

En Estella-Lizarra, a 29 de septiembre de 2017.

Vistos por mi, Eva Mª Gil González, Magistrada Juez titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Estella-Lizarra y de su partido, los presentes autos del juicio ordinario registrado con el número que consta en el encabezamiento seguido en este Juzgado a instancia de la procuradora Dña. Isabel Méndez Guzmán, en nombre y representación de Xxxx y xxxx quienes comparecieron asistidos del letrado D. Francisco Javier Ávila Ojer frente a Caja Laboral Popular, Sociedad Cooperativa de Crédito (en adelante, Caja Laboral Popular) representada procesalmente por la procuradora Dña. Mercedes Ciriza Sanz con la asistencia letrada de Dña. Oihana López Ávila en sustitución de D. Pedro Learreta Olarra, he dictado la presente con base en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por la referida parte actora, en fecha 19 de junio de 2016, se presentó escrito que por turno de reparto correspondió a este Juzgado, por el que interponía demanda de juicio ordinario frente a Caja Laboral Popular en el ejercicio de la acción de resolución por incumplimiento contractual, subsidiariamente de anulabilidad contractual por error en el consentimiento y, también de forma subsidiaria, la acción de responsabilidad contractual por los daños y perjuicios causados al incumplir la demandada sus obligaciones contractuales de información en la que, alegados los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes en apoyo de sus pretensiones, terminaba solicitando se dictase sentencia estimatoria de conformidad con el contenido del suplico de su demanda.

Segundo.- Por decreto de fecha 26 de julio de 2017 (tras la presentación del poder de representación procesal requerido por diligencia de ordenación de fecha 8 de julio de 2017) se admitió a trámite la demanda referida y se dio traslado de ella y de los documentos que la acompañaban a la parte demandada emplazándola para que, en el término de veinte  días, compareciere en autos, asistida de abogado y representada por procurador, para contestar a aquélla lo que así hizo mediante escrito de fecha 26 de septiembre de 2016 en el que se oponía a la demanda promovida de contrario.

Tercero.- Por diligencia de ordenación de fecha 11 de octubre de 2016 se señaló el día 22 de noviembre de 2017 para la celebración de la audiencia previa a la que asistieron las partes y, tras fijar los hechos controvertidos, solicitaron el recibimiento del pleito a prueba admitiéndose de las pruebas propuestas, las consideradas pertinentes, tal y como consta en autos.

Cuarto.- Llegado el día del juicio, se practicaron las pruebas admitidas (interrogatorio de parte) y tras formular las partes sus conclusiones por escrito, en tanto no se había remitido toda la prueba documental que había sido admitida en el acto de la audiencia previa, quedaron los autos conclusos para dictar sentencia habiéndose registrado la vista en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, conforme a lo dispuesto en el art. 187 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Cuestión controvertida.-

La parte actora pretende con la interposición de la presente demanda resolver el contrato de suscripción de valores por falta de entrega de los títulos y, subsidiariamente, en caso de no ser estimada dicha acción, obtener una declaración judicial de nulidad de las órdenes de compra de valores, aportaciones financieras subordinadas Eroski, efectuadas en fecha 28 de junio de 2004 y 22 de junio de 2007, por error en el consentimiento y subsidiariamente, ejercita la acción de responsabilidad contractual, solicitando en todo caso la condena a la devolución de las prestaciones efectuadas por las partes por razón de dicho contrato.

Segundo.- Hechos probados.-

Xxxx y xxxx, sin estudios superiores, emitieron una orden de compra, en fecha 28 de junio de 2004, a las 12:37 horas, de 480 aportaciones financieras subordinadas Eroski, por un importe nominal de 25 euros, hasta un máximo de 12.000 euros, que sólo firmó el Xxxx (documento nº 1). Como consecuencia del prorrateo, suscribió finalmente 416 participaciones por dicho importe nominal (ascendiendo la inversión a un total de 10.400 euros) siendo la rentabilidad del producto la derivada de sumar tres puntos porcentuales al tipo de referencia del euríbor.

En fecha 22 de junio de 2007, a las 13:32:35 horas, emitió igualmente una orden de compra de 400 participaciones por la que se garantizaba la obtención de una rentabilidad 2,5 puntos porcentuales superiores al euríbor (documento nº 3), y finalmente suscribió 288 títulos por un importe de 7.200 euros.

El Xxxx trabajó como electricista y actualmente está jubilado.

Las decisiones financieras de la familia las tomaba Xxxx.

La unidad familiar carece de conocimientos financieros cualificados pues sus trabajos son ajenos a dicho sector y, por ello, durante su relación contractual con la entidad no habían suscrito productos de riesgo.

La contratación del producto se hizo sin que la entidad financiera demandada informara de forma detallada de las características del producto ni de los riesgos que asumían.

La contratación se realizó en unidad de acto el mismo día en que el Xxxx acudía a la entidad a abrir una libreta de ahorro al haber decidido dejar de tener parte de sus ahorros en Caja Rural de Navarra. Al acudir a dicha entidad e informarle del producto referido, las obligaciones subordinadas Eroski, contrató el producto informando a su esposa de ello, una vez formalizada la compra, pues acudió al domicilio contento por la rentabilidad que iba a darle el producto y la facilidad de disposición que la entidad financiera le había garantizado.

Una vez realizada la orden, se suscribieron las aportaciones financieras, de manera que ni ella ni el resto de su familia fue informada de los riesgos del producto sino todo lo contrario, pues se destacó su rentabilidad que, según consta en la ficha aportada era de dos puntos y medio porcentuales superiores al interés de referencia (euríbor a un año). Asimismo no se le explicó que era un producto con riesgo y que el capital invertido podía perderse.

Tercero.- Resolución contractual.-

Ejercita, la parte demandante, en primer término, la acción de resolución contractual al entender que la entidad demandada no ha cumplido una de las obligaciones esenciales del contrato en tanto no entregó los títulos suscritos.

Sin embargo, esta acción no puede ser estimada en tanto tales títulos no se entregan físicamente sino que la misma se formaliza mediante su anotación contable en la cuenta de depósito y administración de valores que para tal fin los clientes suscriben con la entidad y donde se reflejan todos los movimientos (ficta traditio).

En todo caso, de considerar que los títulos no fueron entregados, el contrato ni siquiera estaría perfeccionado y, por lo tanto, no podría haber producido efectos siendo evidente que el contrato se perfeccionó y produjo sus efectos en tanto durante la relación contractual los demandantes percibieron la rentabilidad prevista.

Cuarto.-    Acción    de    anulabilidad   contractual.-                   Elementos     del contrato: consentimiento.-

En segundo lugar, la parte demandante ejercita la acción de anulabilidad contractual al entender viciado el consentimiento otorgado por los demandantes.

Para que el contrato exista y sea válido es preciso que concurran tres elementos claramente definidos en el art. 1.261 del Código Civil (en adelante, CC) y que son, según se relacionan en dicho precepto, el consentimiento de los contratantes, el objeto cierto del contrato y la causa de la obligación que se establezca. A ellos se refiere el propio art. 1.254 CC al señalar que el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto a otra u otras en darse alguna cosa o prestar algún servicio.

En el presente caso, la parte demandante pretende anular los contratos celebrados, en primer término, por falta del primero de los elementos que, evidentemente en este caso, sí que concurre pues el actor emitió una declaración de voluntad dirigida a formalizar el contrato.

En segundo lugar, pretende anularlo al estar viciado el consentimiento emitido por error ya que prestó su conformidad sin haber recibido una información completa y suficiente de la entidad financiera cuando concertó el contrato habiendo formado su voluntad sobre la base de una creencia inexacta.

A este respecto, dispone el artículo 1.266 CC que, para invalidar el consentimiento, el error ha de recaer -además de sobre la persona, en determinados casos- sobre la sustancia de la cosa que constituye el objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la cosa que principalmente hubieren dado motivo a celebrarlo, esto es, sobre el objeto o materia propia del contrato –como señala el ya referido art. 1.261, ordinal segundo, del Código Civil-. Además el error ha de ser esencial, en el sentido de proyectarse, precisamente, sobre aquellas presuposiciones -respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato- que hubieran sido la causa principal de su celebración, en el sentido de causa concreta o de motivos incorporados a la causa.

Es cierto que se contrata por razón de determinadas percepciones o representaciones que cada contratante se hace sobre las circunstancias – pasadas, concurrentes o esperadas – y que es en consideración a ellas que el contrato se le presenta como merecedor de ser celebrado. Sin embargo, si dichos motivos o móviles no pasaron, en la génesis del contrato, de meramente individuales, en el sentido de propios de uno solo de los contratantes, o, dicho con otras palabras, no se objetivaron y elevaron a la categoría de causa concreta de aquel, el error sobre ellos resulta irrelevante como vicio del consentimiento. Se entiende que quien contrata soporta un riesgo de que sean acertadas o no, al consentir, sus representaciones sobre las circunstancias en consideración a las cuales hacerlo le había parecido adecuado a sus intereses.

Como se ha señalado, las circunstancias erróneamente representadas pueden ser pasadas, presentes o futuras, pero, en todo caso, han de haber sido tomadas en consideración, en los términos dichos, en el momento de la perfección o génesis de los contratos – sentencias de 8 de enero de 1962 , 29 de diciembre de 1978 y 21 de mayo de 1997, entre otras -. Lo determinante es que los nuevos acontecimientos producidos con la ejecución del contrato resulten contradictorios con la regla contractual. Si no es así, se tratará de meros eventos posteriores a la generación de aquellas, explicables por el riesgo que afecta a todo lo humano.

Además el vicio de error en el consentimiento exige que la representación equivocada se muestre razonablemente segura, de modo que difícilmente cabrá admitirlo cuando el funcionamiento del contrato se proyecta sobre un futuro más o menos próximo con un acusado componente de aleatoriedad, ya que la consiguiente incertidumbre implica la asunción por los contratantes de un riesgo de pérdida, correlativo a la esperanza de una ganancia.

Por otro lado, el error ha de ser, además de relevante, excusable. La jurisprudencia –así, sentencias del Tribunal Supremo de 4 de enero de 1982, nº 756/1996, de 28 de septiembre, nº 726/2000, de 17 de julio y nº 315/2009, de 13 de mayo- exige tal cualidad, no mencionada en el artículo 1.266, porque valora la conducta del ignorante o equivocado, negando protección a quien, con el empleo de la diligencia que era exigible en las circunstancias concurrentes, habría conocido lo que al contratar ignoraba  y, en la situación de conflicto, protege a la otra parte contratante, confiada en la apariencia que genera toda declaración negocial seriamente emitida.

Ahora bien, en algunas ocasiones, la Ley concede un plus de protección a la parte que es tenida como débil en el contrato, y así ocurre en el Texto Refundido de Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, cuyo artículo 3 y bajo la rúbrica concepto general de consumidor y de usuario, contiene la definición de consumidor a los efectos de la Ley diciendo que son las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional, concepto éste que inequívocamente corresponde aplicar al demandante y, en el ámbito de la contratación bancaria en el que nos encontramos, el legislador adopta aún mayores cautelas por ser la parte más fuerte el profesional dedicado a ello a quien se le impone un deber de información.

Quinto.- Deber legal de información.-

En este caso concreto, teniendo en cuenta el ámbito contractual en el que nos encontramos, el deber de información impuesto al empresario aun es más exigente pues no es la genérica de un buen padre de familia sino la específica del ordenado empresario y representante leal en defensa de los intereses de sus clientes (sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2005).

Así, con carácter general para todos los consumidores, el art. 60.1 TRLGDCU, impone al empresario antes de contratar un deber de poner a disposición del consumidor y usuario de forma clara, comprensible y adaptada a las circunstancias la información relevante, veraz y suficiente sobre las características esenciales del contrato, en particular, sobre sus condiciones jurídicas y económicas, y de los bienes o servicios objeto del mismo. Al encontrarnos en presencia de un contrato financiero, le es aplicable además la normativa contenida en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en la redacción dada por la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, que impone en su art. 79 una obligación de transparencia y diligencia a las entidades que presten servicios de inversión en interés de sus clientes cuidando de tales intereses como si fueran propios.

El art. 79 bis de dicha Ley señala en su apartado primero que las entidades que presten servicios de inversión deberán mantener, en todo momento, adecuadamente informados a sus clientes. En el apartado segundo, indica que toda información dirigida a los clientes, incluida la de carácter publicitario, deberá ser imparcial, clara y no engañosa. Las comunicaciones publicitarias deberán ser identificables con claridad como tales. Y, por último, en el tercero, señala que a los clientes, incluidos los clientes potenciales, se les proporcionará, de manera comprensible, información adecuada sobre la entidad y los servicios que presta; sobre los instrumentos financieros y las estrategias de inversión; sobre los centros  de ejecución de órdenes y sobre los gastos y costes asociados de modo que les permita comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece pudiendo, por tanto, tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa. A tales efectos se considerará cliente potencial a aquella persona que haya tenido un contacto directo con la entidad para la prestación de un servicio de inversión, a iniciativa de cualquiera de las partes.

Sexto.- Plazo de ejercicio de la acción que se ejercita.-

En primer lugar, siguiendo los motivos de oposición esgrimidos por la parte demandada, resulta preciso indicar si la acción no puede ejercitarse por haber caducado ya.

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1.301 CC la acción de nulidad sólo durará cuatro años y empezará a correr, en los casos de error o dolo, desde la consumación del contrato.

En los contratos sinalagmáticos la consumación coincide con el total cumplimiento de las prestaciones de ambas partes. La parte demandada sostiene, sin embargo, que el dies a quo que determina el inicio del cómputo del plazo es el momento en que se ejecuta la orden.

Sin embargo, el precepto es claro en orden a señalar el momento en que se produce la caducidad que no es otro que el de la consumación del contrato que, en este caso, no se ha producido por cuanto es evidente que el producto contratado produce un interés, según lo pactado, y dichos intereses se siguen devengando en tanto el producto no ha sido amortizado por la entidad emisora. Así lo acredita la demandante al aportar la información relativa a los intereses percibidos hasta el año 2015, donde puede apreciarse que el nominal del producto sigue siendo el mismo.

Por ello, no puede sostenerse que tal consumación se haya producido íntegramente pues sólo la parte demandante es quien cumplió con sus obligaciones y el contrato suscrito siguió produciendo efectos.

Séptimo.- Valoración de la prueba.-

En el caso concreto enjuiciado, resulta evidente que los demandantes carecen de formación en productos financieros y así pudo constatarse en el interrogatorio practicado en el que si bien sólo pudo contarse con la versión dada por la Xxxx, dada la imposibilidad justificada de incomparecencia de su marido, fue suficiente a fin de valorar el perfil de ambos clientes.

La parte demandante no recibió una información precontractual que le hubiera permitido comprender la naturaleza del producto. Así lo corroboró la demandante al señalar que su marido, que es quien se ocupa de todas las gestiones bancarias, llegó al domicilio muy contento por la rentabilidad del producto que le había ofrecido el banco con el que a partir de dicho momento iba a iniciar una relación contractual pues antes no eran clientes de la entidad. Asimismo, explicó que su marido le había manifestado que, además de la rentabilidad (que dijo que tampoco era tan alta como la asistencia letrada de la demandada pretendía destacar), era un producto del que se podía disponer en cualquier momento.

La Xxxx señaló además que su marido estuviera alarmado por el riesgo del producto lo que evidencia que, en ningún momento, se les informó de este extremo, siendo evidente que el perfil de tales clientes es evidentemente conservador.

Su testimonio no fue desvirtuado por la parte demandada a través de la declaración del gestor que comercializó el producto por lo que ninguna actividad probatoria ha desarrollado a este respecto.

Por otro lado, el propio perfil del cliente desaconseja tal producto pues la naturaleza del producto no encajaba en dicho perfil, de manera que en caso de haberse ofrecido, la entidad debía haber advertido al cliente de su complejidad y de la necesidad de asesoramiento para formalizarlo.

Aunque el demandante reconoce en la orden de suscripción, por otro lado, haber recibido el folleto informativo, se ha de tener en cuenta que dicha apreciación pudo ser inadvertida por el cliente dado que el documento que firma se limita a indicar los títulos que se comprometía a adquirir y pudo pensar, en todo momento, que suscribía un producto sencillo de renta fija pues en tal documento, único que aparece firmado, no se destaca ninguna particularidad descriptiva de los títulos adquiridos, más allá de su rentabilidad, único aspecto del que seguramente se informó al cliente para hacerle atractiva la operación.

En este sentido, la parte demandada, que es a quien corresponde hacerlo, no ha desplegado ninguna actividad probatoria para poder concluir que le informaron de forma clara, precisa y suficiente resaltando los riesgos que la operación suscrita entrañaba para evitar malentendidos pues la practicada, como se ha indicado, ha servido para acreditar la deficiente labor desarrollada en este sentido.

Es patente que ni Xxxx ni Xxxx tenían conocimientos financieros y, por lo tanto, no se encontraban en condiciones de poder concertar ese producto bancario, de tal manera que dadas las circunstancias, la Caja Laboral Popular, debió haber desaconsejado ciertamente la contratación.

Por otro lado, la terminología empleada en el contrato no es lo suficientemente sencilla y puede perfectamente inducir a confusión a personas que no están experimentadas en esta materia y si además, no existió una explicación pormenorizada o al menos unos folletos que ayudaran a disipar cualquier duda razonable, no se hicieron simulaciones, y las explicaciones verbales fueron nulas, faltándose así al más elemental deber de información al cliente en la debida forma, hay que entender que ese contrato es nulo, porque se debe apreciar un vicio de consentimiento al amparo de los artículos que regulan el error anteriormente citados teniendo en cuenta que el error invencible, fue esencial, ya que recayó sobre las condiciones esenciales del contrato o, si se quiere, sobre aquellas condiciones de la sustancia objeto del contrato que principalmente hubieren dado motivo a celebrarlo y, ha de reputarse excusable, a la vista de que se omitió toda información relevante al cliente en relación a la operación financiera y a sus riesgos, deber de información que debía haber extremado al no poseer ninguno de los demandantes conocimientos en el sector.

Octavo.- Costas procesales.-

Conforme al principio del vencimiento objetivo reconocido en el art. 394.1 LEC procede la imposición de las costas del proceso a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. En este caso, habiéndose estimado totalmente la pretensión ejercitada por la parte actora, corresponderá a la entidad demandada asumir el pago de las costas originadas en este procedimiento.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Estimo la demanda interpuesta por Xxxx y xxxx, a través de su representación procesal, frente a la Caja Laboral Popular quien compareció también debidamente representada y, en consecuencia,

1.- declaro nulo, por error en el consentimiento prestado, el contrato de suscripción de obligaciones subordinadas Eroski efectuada el 28 de junio de 2004 por ambos demandantes y en fecha 22 de junio de 2007 por el Xxxx;

2.- condeno a Caja Laboral Popular a que restituya las cantidades entregadas (10.400 euros a ambos demandantes y 7.200 al Xxxx) más el interés legal correspondiente desde el abono de dichas cantidades y los procesales desde el dictado de esta sentencia más las cantidades satisfechas en concepto de gastos de administración y depósito comprometiéndose los demandantes a la restitución de los títulos y de lo que hayan percibido por los títulos suscritos con los intereses legales correspondientes;

3.- condeno a la entidad demandada al pago de las costas procesales causadas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes poniendo en conocimiento de las mismas que no es firme y que frente a ella cabe interponer recurso de apelación por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de los veinte días hábiles siguientes a su notificación y en el que deberán exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los  pronunciamientos que impugna (art. 458 LEC).

Deberá acreditarse en el momento de la interposición del recurso haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano judicial la suma de cincuenta euros con apercibimiento que de no verificarlo no se admitirá a trámite el recurso pretendido.

Dedúzcase testimonio de la presente resolución para su unión a los autos de su razón registrándose la original en el Libro de Sentencias del Juzgado.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por la Magistrada Juez que la suscribe en el mismo día de su fecha de lo que doy fe.