JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº6DE PAMPLONA.

SENTENCIA Nº 168/2014 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

ANTECEDENTES.

La actora adquirió participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de Caja España. Solicita la nulidad de tales órdenes de compra por desproporción y ausencia de equilibrio entre las prestaciones. Así mismo se alega por parte del Banco el incumplimiento de cláusulas imperativas o prohibitivas, al incumplir la normativa del Mercado de Valores y de Defensa de los Consumidores y Usuarios, falta de transparencia de la información suministrada, error en el consentimiento en la actora y actuación dolosa o negligente de Caja España en la comercialización de los productos participaciones preferentes y obligaciones subordinadas.

Caja España, por su parte se opuso a todas estas pretensiones.

CONTENIDO DE LA SENTENCIA.

Acción de caducidad. 

La sentencia empieza examinando la acción de caducidad. Respecto a la alegación de caducidad de la acción del artículo 1.301 del Código Civil, respecto de la orden de suscripción de participaciones preferentes, la doctrina jurisprudencial mantiene de manera reiterada que el plazo de cuatro años desde la consumación del contrato, de la acción de anulabilidad, es un plazo de prescripción y no de caducidad, por lo que debe ser la parte demandada la que de manera expresa interponga esa excepción de prescripción.  Por ello no puede el Juez entrar a examinar dicha acción.

Por otro lado, este plazo es aplicable a los contratos anulables, pero no a los radicalmente nulos, como es el presente, en que el contrato fue celebrado en oposición a leyes imperativas, cuya infracción da lugar a la ineficacia. En estos casos de inexistencia o de nulidad absoluta o radical del contrato, la acción es imprescriptible y puede ejercitarla cualquier perjudicado por los contratos en cuestión, llegando incluso a poder ser apreciada de oficio dicha nulidad por los Tribunales.

Dado el carácter perpetuo de las participaciones preferentes, en las que no se prevé la existencia de una fecha de vencimiento o de amortización de la inversión, no se puede fijar en un momento determinado la consumación del contrato, porque no se ha producido todavía el cumplimiento recíproco de la totalidad de las prestaciones pactadas. De ahí que, incluso aunque se tratara de contratos anulables, tampoco cabría hablar ni de prescripción ni de caducidad de la acción ejercitada por la parte actora.

Sigue exponiendo el Juez que si se tiene en cuenta que el plazo de prescripción de la acción de anulabilidad prevista en el artículo 1.301 del Código Civil empezará a correr en los casos de error o dolo, desde la consumación del contrato, y que esta consumación todavía no se ha producido, pues no hay que confundir consumación del contrato, con perfección del mismo, es evidente que no cabe iniciar todavía el cómputo del plazo de previsto en dicho precepto.

 

Falta de información.

Continúa la sentencia diciendo que Caja España no proporcionó a la actora la información suficiente sobre estos productos, ya que sólo se le proporcionó una información genérica sobre los productos que adquirió errónea. Todo ello quedó acreditado en el acto del juicio.

Nulidad.

Conforme al artículo 1261 del Código Civil para que haya contrato se precisa la concurrencia de un consentimiento de los contratantes, un objeto cierto que sea materia de contrato y una causa de la obligación que se establezca. A su vez 1.265 del mismo texto legal señala que será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo y el artículo 1.300 del Código Civil establece que los contratos en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1.261, antes citado, pueden ser anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidad con arreglo a la ley.

En este caso concurren todos los requisitos para apreciar en su caso, la nulidad de las órdenes de compra de ambos productos, por vicio en el consentimiento de la demandante.

Los empleados de la entidad demandada con los que trató la demandante, determina el Juez,  no cumplieron con el deber informativo a que estaban obligados con arreglo al principio de buena fe contractual y a la normativa imperativa, desarrollada en la Sentencia.

Continúa diciendo el Juez que la demandante adquirió los citados productos con una idea muy equivocada, motivada por la información errónea e incompleta que se le proporcionó y que suministraba la propia orden de compra.

Caja España abusó de la confianza e inexperiencia de ésta en productos como los vendidos y permitió que la actora adquiriera las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, engañada por dicha confianza y confiada en que las mismas tenían unas características y riesgos muy diferentes a los que ella estaba dispuesta a asumir.

Actuando de esta manera, Caja España, incumplió las obligaciones de recabar de su cliente la información que le exigía dicho texto legal, necesaria para conocer la experiencia inversora de esta concreta cliente y los objetivos de su inversión.

Pero no sólo incumplió esas obligaciones, sino que actuó de manera contraria a la buena fe contractual, al abusar de la confianza e ignorancia de una cliente, para inducirle a suscribir un contrato u orden de compra de valores, que en absoluto se ajustaba a las necesidades y deseos de dicha cliente.

Para concluir, el Juez entiende que se abusó de la confianza que la parte actora otorgó a Caja España, quebrantando así el acuerdo tácito que existe entre clientes y bancos, consistente en que el cliente firma contratos prácticamente ininteligibles, o en ocasiones no del todo comprensibles, a cambio de que el banco no le engañe sometiéndole a un clausulado, que atente notoriamente contra sus intereses.

Por tanto, Caja España incumplió su obligación de informar a la demandante de las características que presentaban los contratos u órdenes de compra de participaciones preferentes, incumpliendo así sus obligaciones contractuales. El incumplimiento de la demandada es todavía más evidente si se tiene en cuenta, que no informó a la demandante de las características esenciales de la inversión. No se trata de asesorar al cliente, de aconsejarle, sino de informarle sobre las características de un producto y sobre la situación económica del emisor de ese producto, para que el cliente tenga todos los elementos de juicio suficientes para realizar o no, dicha inversión.

Por todo ello, se declara la nulidad de la relación contractual existente entre la actora y Caja España respecto a las órdenes de compra de participaciones preferentes y de obligaciones subordinadas por vicio del consentimiento y por infringir Caja España no sólo sus obligaciones contractuales sino la normativa imperativa. Así mismo se condena a Caja España a abonar a la actora la suma invertida  menos los intereses que la actora recibió con motivo de dichos contratos, así como al abono de las costas procesales causadas.