SENTENCIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº3 DE BARAKALDO DE 22 DE OCTUBRE DE 2013.

ANTECEDENTES.

Se presenta demanda mediante la cual se pretende que se declare la nulidad del contrato financiero, en este caso aportaciones subordinadas, que había sido suscrito por los actores y Banco Santander. Dicha nulidad se basa, según la parte demandante, en vicios del consentimiento motivado por la inadecuada, falsa e insuficiente información facilitada por la entidad al contratar el producto financiero.

En síntesis, en la demanda se alega que los demandantes tienen como estudios el graduado escolar y que con anterioridad a la contratación de estas aportaciones subordinadas, no habían contratado jamás un producto financiero complejo. En 2006, los demandantes suscriben con Banco Santander un contrato de aportaciones subordinadas por un importe de 50.000€, y, en dicho contrato firmado no aparece de forma clara ni el producto suscrito ni su definición. Tampoco se indica el tipo de interés que debe aplicarse a las operaciones, ni el TAE, no se indican las comisiones. Así mismo, se indica una fecha de vencimiento falsa puesto que la amortización final es perpetua. A todo esto se le añade que la información otorgada por la entidad fue de forma oral y que fue ésta quien llevó a cabo la contratación del producto sin completar el proceso de información ni la entrega de documentación complementaria a los clientes. Desde la suscripción del producto la entidad ha ido ingresando en la cuenta corriente de los demandantes determinadas cantidades.

Sin embargo, al haber transcurrido los 5 años (la directora de la sucursal les había dicho que era esa la duración del contrato) y en la creencia de que podrían recuperar su dinero, Banco Santander les negó esa posibilidad, aún cuando iban a seguir cobrando los intereses.

A partir de ese momento, se reclamó a la sucursal la entrega de toda la información referente al producto contratado, la cual fue negada por ésta.

Los demandantes afirman, tras conocer que el contrato suscrito de aportaciones financieras suponía un contrato de un producto complejo y de alto riesgo, que de haber conocido la naturaleza y riesgos del producto, no lo habrían contratado en ningún caso.

CONTENIDO DE LA SENTENCIA.

La representación de Banco Santander se opone a las pretensiones de la demandante. Vamos a ver cuáles son los motivos de su oposición:

● En primer lugar se alega como motivo de oposición la caducidad, o en su caso, la prescripción de la acción, motivo que es desestimado.

Basándose en el artículo 1.301 del Código Civil alude a la consumación del contrato, lo que implica la finalización del mismo, y el contrato aún sigue vigente, como resulta del hecho de que se siguen abonando intereses. La Sentencia del Tribunal Supremo 569/2003 dispone que en casos de error, dolo o falsedad de la causa, el plazo de cuatro años, empieza a correr, desde la consumación del contrato. El momento de la consumación tiene lugar cuando están completamente cumplidas las prestaciones de ambas partes.

Al seguir abonando intereses no se ha consumado el contrato y por todo ello no cabe alegar la caducidad o prescripción de la acción.

● El siguiente motivo de oposición que pone de manifiesto Banco Santander es la falta de legitimación pasiva de la entidad, basándose en que la entidad demandada actuó como simple intermediario en la suscripción de las aportaciones, mientras que Fagor es el órgano emisor. Dicho motivo también es desestimado.

La Sentencia nos aclara que fue Banco Santander quien comercializó el producto con sus vicios sin que interviniera ningún momento Fagor, como emisora de las aportaciones subordinadas. Dicho lo cual Banco Santander está legitimado pasivamente para ser parte demandada.

Al margen de esto, el juez sentenciador pone de manifiesto que la Ley de Mercado de Valores establece que el comportamiento de las empresas de los servicios de inversión y entidades de crédito, frente al cliente debe ser totalmente diligente y con absoluta transparencia, además de desarrollarse bajo una gestión ordenada y prudente, cuidando de los intereses del cliente como propios. La conducta de las entidades debe estar presidida por los criterios de imparcialidad y buena fe, cuidado y diligencia y con adecuada información tanto respecto de la clientela, a los fines de conocer su experiencia inversora y objetivos de la inversión, como frente al cliente concreto, proporcionándole toda la información de que dispongan que pueda ser relevante para la adopción por aquél de la decisión de inversión haciendo hincapié en los riesgos que toda operación conlleva.

● El siguiente motivo alegado fue la nulidad del contrato por vicio del consentimiento motivado por la falta de información.

El Juez, en la Sentencia, pone de manifiesto algo trascendental, que es que la base de los contratos es el consentimiento. Dicho consentimiento para que sea válido y eficaz exige que los contratantes tengan plena conciencia y conocimiento claro y exacto de aquello sobre lo que se presta la aceptación. Sin embargo, a todo esto hay que añadir que la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios concede una protección especial a éstos.

Nos recuerda el juez sentenciador, que los consumidores y usuarios son las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional, y es a éstos a quienes hay que otorgarles información correcta sobre los bienes y servicios.

En este caso, nos encontramos ante un producto de inversión complejo y de alto riesgo que precisa de un asesoramiento e información correcta, amplia, adecuada, imparcial, clara, no engañosa y específica por parte de la entidad en interés de sus clientes.

La entidad demandada no cumplió con estos requisitos, debiendo ser ésta quien prueba que efectivamente otorgó la información en la forma establecida, y es por todo esto por lo que el motivo es desestimado.

● Otra de las alegaciones por parte de Banco Santander es que cuando se suscribió el contrato no era de aplicación la normativa MIFID.

Sin embargo, se dice en la sentencia, antes de la transposición de la Directiva Comunitaria conocida como MIFID a nuestro derecho, ya existían normas que hacían hincapié en la obligación de información que debía de mantenerse en todo momento de la vida del contrato. Con ello se trata de lograr que el cliente conozca con precisión los efectos de la operación que contrata. La prestación de información debe darse de una forma que le permita comprender al cliente la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece, pudiendo así, tomar decisiones fundadas el cliente sobre sus inversiones.

En definitiva, la información prestada por las entidades financieras debe reunir una serie de condiciones tanto objetivas de información clara, precisa y suficiente; como, por otro lado subjetivas por atender a circunstancias concretas del cliente relativas a la experiencia, estudios, contratación previa de otros productos financieros complejos, etc.

● Banco Santander pone de relieve que los demandantes tenían conocimientos financieros suficientes para saber qué tipo de producto firmaban.

El error en que el actor incurrió supone una representación falsa sobre la finalidad del contrato. Para que un error anule el contrato debe exigirse que sea suficientemente importante, relevante y que no sea imputable a la negligencia de quien lo sufre. En el presente caso, nos dice la sentencia, que el error fue esencial, porque afecta a obligaciones principales del contrato y a las características de alto riesgo del mismo; además de sustancial ya que afecta a un elemento fundamental del contrato, sobre la base de la falta de información imputable a la entidad bancaria que debía de haber informado al cliente del producto que contrataba y con él, el riesgo que asumía. También nos dice la sentencia que el error es excusable pues los demandantes confiaron en la palabra de un empleado bancario, el cual no les informó adecuadamente.

Concluye el juez que, cuando un contrato es complejo y presente riesgos económicos para el cliente que lo va a suscribir, el deber de buena fe en la información en todas las fases de desarrollo del negocio debe ser mayor.

A la vista de lo expuesto, se estima íntegramente la demanda contra Banco Santander y declara la nulidad por error en el consentimiento del contrato de obligaciones subordinadas, condenando a Banco Santander a devolver a los demandantes la cantidad de 50.350,29€ más intereses, con restitución al Banco Santander por parte de los demandantes los intereses percibidos por los actores. Así mismo se le condena a la entidad bancaria al pago de las costas.