RECURSO DE APELACIÓN Nº 346/2013 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 INTERPUESTO POR BANCO SANTANDER

ANTECEDENTES.

Se interpone demanda por parte de una clienta contra BANCO SANTANDER, la cual es estimada parcialmente en Primera Instancia, por la que se condena a devolver a la demandante el resultado de descontar de los 100.000 euros invertidos, las sumas que en concepto de rendimientos le fueron abonadas trimestralmente hasta la anulación del contrato.

A su vez, la clienta debe devolver a la entidad financiera los títulos adquiridos con las operaciones anuladas. Todo ello, con los intereses y con la imposición de costas al banco.

Tras esto, el Banco Santander interpone recurso de apelación contra la Sentencia de Primera Instancia. Los motivos del recurso de apelación interpuesto son los siguientes:

1.- Caducidad de la acción ejercitada por la demandante por transcurso del plazo de 4 años.

2.- En cuanto a la información otorgada a la consumidora, entiende que el Banco no puede llevar a cabo un asesoramiento cierto e individualizado a cada cliente, porque sólo se dan recomendaciones generalizadas a todos los clientes que pudieran estar interesados en estos productos.

3.- La naturaleza de la relación contractual entre las partes litigantes en el caso concreto.

4.- Se impugna la valoración de la prueba que ha realizado la juzgadora en Primera Instancia.

CONTENIDO DE LA SENTENCIA.

• En cuanto al primer motivo relativo a la caducidad de la acción por transcurso del plazo de 4 años desde la consumación de los contratos, cuya anulabilidad ha sido declarada en sentencia, es desestimado.

En el artículo 1.301 del Código Civil establece que en los casos de error, dolo o falsedad de la causa, el plazo de cuatro años empezará a correr desde la consumación del contrato. Pero, ¿Cuándo se entiende que se ha consumado el contrato? Consumación y perfección del contrato no pueden confundirse, ya que la consumación sólo tiene lugar cuando están cumplidas completamente las prestaciones de ambas partes. En el presente caso, es evidente que la consumación no se produce hasta el cumplimiento recíproco de la totalidad de las prestaciones pactadas, y en consecuencia se desestima el primer motivo.

• El segundo motivo, el que se refiere a la información que el Banco Santander debió transmitir a la parte actora, así mismo es desestimado.

La consumidora, en su demanda puso de manifiesto que prestó un consentimiento viciado, de tal forma que de conocer los riesgos no hubiera contratado el producto.

El Banco Santander alega que la consumidora recibió la información que entiende que es obligatoria, cuando contradictoriamente, también el banco alega que al no tener ninguna responsabilidad de asesorar a la demandante por ser un producto que se ofrece a un grupo de clientes, es suficiente referenciar los datos generales y trascendentes del producto.

Una de las empleadas de la entidad, admitió en fase de prueba que la información y documentación detallada quedaba en la oficina a disposición de los clientes cuando lo interesaban, entregando un ejemplar firmado a la parte actora. Y dicho esto, no parece lógico que el banco no pueda aportar datos de entrega de dicho ejemplar o folleto informativo a la parte demandante, cuando además esta última niega la recepción de tal documentación.

En relación a la existencia de error en el consentimiento, hay que estar a las circunstancias concretas del caso y de los elementos de prueba aportados.

Hay error de vicio cuando la voluntad del contratante se forma a partir de una creencia inexacta.

El contrato constituye el instrumento jurídico por el que quienes lo celebran, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, crean una relación jurídica entre ellos y lo someten a una ley privada cuyo contenido lo establecen ellos mismos. La seguridad jurídica, asentada en el respeto de lo pactado impone unos criterios razonablemente rigurosos para entender que hay error en el consentimiento.

Para hablar de error es necesario acudir al artículo 1.266 del Código Civil que establece que para invalidar el consentimiento, el error ha de recaer sobre la sustancia de la cosa que principalmente hubieren dado motivo a celebrar el contrato, el error ha de ser esencial, que se proyecte sobre el objeto o materia, que hubieran sido causa principal de su celebración.

Además de relevante, el error ha de ser excusable; es la jurisprudencia quien exige esa cualidad.

Tras esto cabe entender que efectivamente hubo error en el consentimiento ya que como dice la clienta, de haber conocido los riesgos no hubiera contratado. La consumidora tiene una creencia inexacta del producto que contrata, lo cual es un error esencial y relevante a la hora de contratar.

• Como tercer motivo, se alega la naturaleza de la relación contractual entre las partes litigantes al caso concreto.

Dice la Sentencia que en la Ley de Mercado de Valores se distingue entre servicios de inversión y servicios auxiliares. El asesoramiento en materia de inversión se entiende que es “la prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o por iniciativa de la empresa de servicios de inversión, con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros”. Dice la Ley que “no se considerará que constituya asesoramiento las recomendaciones de carácter genérico y no personalizadas que se puedan realizar en el ámbito de la comercialización de valores e instrumentos financieros. Dichas recomendaciones tendrán el valor de comunicaciones de carácter comercial”.

Estos productos, dice la Sentencia, se consideran de alta complejidad. La participación preferente así titulada ni supone una participación ni da derechos preferentes, y ello sólo en cuanto a su denominación. Es por ello, que la entidad bancaria está obligada a prestar la información suficiente al cliente en cuanto que emita, opere o gestione la contratación de productos financieros tan complejos y con tantas variantes como los contratos que aquí se estudian; en cuanto que, la normativa legislativa a aplicar no distingue en cuanto a la obligación que se impone a las entidades bancarias para con sus clientes tales conductas descritas, sino que la Comisión Nacional de Mercado de Valores ya recomendaba precisamente a los bancos efectuar una información más detallada y concisa, al observar que las conductas que desarrollaban en los supuestos de comercialización de preferentes no era suficiente.

No se trata de un producto para todo tipo de inversores, sino que precisa de unos conocimientos para personas con conocimiento para manejar un producto complejo y de riesgo, se trata de inversores minoristas y no especulativos, sino conservadores, que en todas sus operaciones han sido informados por la entidad, careciendo los mismos de conocimientos a tales efectos, ya que todas sus operaciones se efectuaban previo asesoramiento de los empleados de la entidad. Ese conocimiento que se imputa a los actores viene viciado de raíz ante la falta de información suministrada. Cuando algunos inversores solo presentaban una previa operación en tal sentido y no de dichas características, sin que tal conocimiento pueda ser dispensado por el hecho de tener una formación superior o haber formado o formar parte de entidades mercantiles, no está acreditado en ningún momento que el perfil de los actores conlleve tales conocimientos financieros, sin perjuicio de poseer titulación superior en otras ramas o formar parte de entes mercantiles dedicados a un tráfico distinto al financiero.

Es por todo ello, por lo que este tercer motivo también es desestimado por el Tribunal.

• El cuarto y último motivo alegado en el recurso de Apelación es el relativo a la impugnación de la valoración de la prueba.

Partimos de la idea, se dice en la Sentencia, que el Juez ante el que se ha celebrado el acto del juicio, es en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción, concentración y oralidad. El uso que haga el Juez, en primera instancia ante el que se valora la prueba, de su facultad de libre apreciación o apreciación a conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la Sentencia, únicamente debe ser rectificado cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador “a quo” de tal magnitud que haga necesaria una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada. El Tribunal en la apelación se limita a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio, el juez de origen se ha comportado de forma ilógica, arbitraria o contraria a las máximas de la experiencia o las reglas de la sana crítica. Dicho esto, es evidente que en la valoración de la prueba debe primar la realizada por el juzgador de primera instancia al estar dotada de la suficiente objetividad e imparcialidad.

El Tribunal concluye diciendo que la prueba que el juez de primera instancia ha valorado se ha realizado acertadamente extrayendo conclusiones correctas de acuerdo a la prueba practicada. Es por ello por lo que se desestima el motivo.

Por todo lo anteriormente expuesto, se desestima el recurso de apelación interpuesto por Banco Santander, se confirma la Sentencia dictada en Primera Instancia, y se les condena al pago de las costas.