SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 DE PAMPLONA DE 18 DE DICIEMBRE DE 2012.

ANTECEDENTES.

La parte actora formula demanda en la que se solicita que se dicte sentencia por la que se declare abusiva una cláusula del contrato privado de compraventa suscrito por una pareja, así como otra cláusula de la escritura de compraventa suscrita por todos los demandantes, en las que se imputaba a los compradores el pago del Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía), condenando a la constructora a abonar a los actores las cantidades abonadas por ellos en concepto de tal impuesto.

La parte demandada se allanó parcialmente a las pretensiones deducidas por la mayor parte de demandantes, pero no a las deducidas por la pareja, alegando que se celebró el contrato de compraventa con anterioridad a que entrara en vigor los preceptos citados por la parte demandante, por lo que primaba el principio de autonomía de la voluntad.

No se plantea controversia alguna en relación a que los demandantes celebraran sus respectivos contratos privados de compraventa en el año 2006. Es decir, con anterioridad al 1 de enero de 2007, día en el que entró en vigor la Ley 44/2006 de mejora de la protección de consumidores y usuarios, que modificó el artículo 10 bis de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios, por la cual se consideraban cláusulas abusivas todas las estipulaciones no negociadas individualmente y todas las practicas no consentidas expresamente que causasen un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

Dicha Ley 44/2006 no es de aplicación retroactiva.

Además, el apartado 22.c) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios consideraba como abusiva toda estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es profesional.

CONTENIDO DE LA SENTENCIA.

En la Sentencia se nos recuerda que con anterioridad a ese 1 de Enero de 2.007, la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales, establecía que en las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativo del dominio a título oneroso, es el transmitente del terreno quien debe asumir el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, pero la Ley 7 del Fuero Nuevo de Navarra y el artículo 1.255 del Código Civil, otorgan prioridad a la autonomía de la voluntad de las partes, por lo que si con anterioridad al 1 de Enero de 2.007, no existía ninguna norma que prohibiera pactar que la plusvalía fuera asumida por el comprador, no hay motivo para no respetar los pactos en tal sentido, suscritos libre, voluntaria y conscientemente por las partes.

Es por ello, dice el Juez sentenciador, que para determinar la aplicación de la Ley 44/2006, habrá que estar a la fecha de otorgamiento de cada contrato privado.

En el presente caso nos encontramos con que todos los demandantes suscribieron con la empresa constructora diferentes contratos de compraventa durante el año 2.006, en los que efectivamente se pactó de forma libre, consciente y voluntaria entre las partes, al amparo de la autonomía de la voluntad quien iba a pagar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

En el caso de los contratos privados celebrados con la mayor parte de los demandantes, se pactó que dicho impuesto iba a ser abonado por quien correspondiera con arreglo a la normativa vigente, y, en virtud de la ya mencionada Ley Foral de Haciendas Locales, las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativo de dominio a título oneroso, sería el transmitente del terreno quien debiera asumir el pago del impuesto; por lo que las cantidades que indebidamente abonaron en concepto de tal tributo las partes demandantes, les deberán ser reintegradas por la parte demandada.

En cuanto al contrato privado de compraventa celebrado entre la empresa y la pareja se pactó que el mencionado tributo fuera abonado por la parte compradora. Es por ello, entiende el Juez, que no procede declarar la nulidad de la cláusula que se contiene en ese contrato de compraventa y absuelve a la demandada de la reclamación monetaria.

Por lo tanto, en resumen, se estima parcialmente la demanda y la constructora es condenada a reintegrar a las partes demandantes la cantidad efectivamente abonada en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, pero se rechaza la declaración de nulidad por abusiva de una de las cláusulas del contrato de compraventa celebrado por una pareja, y absuelven por ello a la demandada.

Al haber sido estimada parcialmente la demanda y al haberse allanado parcialmente la demandad a la demanda, cada parte abona las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.